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La noticia que resuena aún entre nosotros y la prensa internacional ha sido la publicación de la Resolución N° 10 del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia por la que se declara la no aplicación del indulto por razones humanitarias a Alberto Fujimori. Una minuciosa resolución –en apariencia- de 225 páginas que los especialistas mirarán línea a línea. Mi impresión es que se trata no de un acto de justicia, sino más bien de suma injusticia.

Los prudentes romanos acuñaron un adagio jurídico que dice “summum ius, summa iniuria” (sumo derecho, suma injusticia) para indicar que cuando el juzgador se pega a la letra pequeña de la ley, el resultado puede ser un acto a todas luces injusto. En cristiano significa que el juez es quien sabe de justicia y de prudencia, no en vano los romanos llamaron Jurisprudencia –prudencia del derecho- a la ciencia de lo justo y de lo injusto. Por la interpretación de la norma positiva y la valoración de las pruebas aportadas, probablemente, el juez ha sido minucioso. En cambio, por el tenor de su decisión, me parece que ha sido muy poco prudente, generando una decisión injusta.

No considero que queden a salvo “los principios que rigen el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país”. Más bien se trata de una sentencia que remueve el orden jurídico y político del Perú. ¿Qué necesidad hay de este ensañamiento con un ex gobernante que ha purgado muchos años de cárcel? No es un adolescente, es un señor de 80 años, con una salud frágil como la de tantas personas de esa edad. Ha purgado con inmediatez años de prisión por delitos graves de autoría mediata que, como tantas cosas inmediatas de nuestro presente, serán juzgados mediatamente por el tribunal de la historia en unos pocos decenios y sabe Dios el juicio que harán las nuevas generaciones.

Una resolución judicial que como todas las resoluciones se pueden ajustar mejor o peor a la ley y eso verá en la instancia que corresponda. Una resolución que desde ya considero muy poco ajustada a la prudencia jurídica y política. No está la Magdalena para tafetanes, ni el Perú para introducir más elementos de fragmentación y controversia. Además, en tiempos en los que la confianza en los poderes del Estado está tan devaluada, qué poco favor le hace a nuestra frágil democracia una decisión judicial que echa leña al fuego.

Lima, 3 de octubre de 2018.

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