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Así como en estos días del Mundial de fútbol, tenemos partidos de infarto, también se puede decir lo mismo de los debates políticos de este primer semestre: unión civil, la ley universitaria y el Protocolo del aborto terapéutico. La ley universitaria se lleva las palmas por las controversias que desató de principio a fin. La noche del viernes, contra viento y marea, por 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones, salió la ley con sus 133 artículos y demás disposiciones transitorias y finales.

Los propulsores de la ley (en el último tramo entró el Ministro de Educación) han resaltado el papel del Estado como agente rector de la orientación y calidad de la educación universitaria. También es verdad que el texto aprobado recoge importantes modificaciones a la versión original, muchísimo más intervencionista que el de ahora. Aún así, la ley que ha quedado sigue siendo un acto de intromisión y suplencia desmedida que desconoce la libertad de enseñanza y la historia de las universidades peruanas de por lo menos los últimos cincuenta años.
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) nace como respuesta a uno de los mayores daños que sufrió la educación, ocasionado por el experimento fallido de Velasco Alvarado al crear el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Un organismo estatal que creó el sistema unificado de universidad: todos iguales, todos ideologizados con un pensamiento único, el marxista. Al volver al régimen democrático, quedaba claro que el Estado era un mal compañero de viaje y por eso el Ministerio de Educación permaneció al margen. Nació la ANR. Es cierto que podríamos haber tenido una institución más proactiva y menos complaciente, pero el remedio actual no me parece mejor que la enfermedad. La novísima Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), adscrita al Ministerio de Educación, pone a la educación en manos del Ejecutivo que no ha se ha ganado el pergamino de ser un buen conductor de la educación peruana.
El Estado, al final, es el Gobierno de turno con su bancada en el Congreso. Nos dejan una ley nacida prematuramente, entre gallos y medianoche, sin los consensos y la paciencia propios del debate técnico y político. Papá Estado no es el gestor de la educación peruana: lo es la misma sociedad expresada en sus múltiples iniciativas. Las universidades peruanas no necesitan una camisa de fuerza ni un gran hermano que les diga cómo deben diseñar la calidad y excelencia del saber.

Piura, 1 de julio de 2014.

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