La presunción de inocencia es un principio jurídico arraigado en nuestra cultura: mientras no se demuestre judicialmente lo contrario, se es inocente. También es verdad que se puede seguir siendo inocente aún cuando el juicio condene: los errores judiciales existen. En cristiano, eso significa que todos los seres humanos gozamos de un crédito a favor por el que se debe respetar nuestra honra y quien tenga razones fundadas para quitar la buena fama del prójimo tiene la obligación de demostrarlo cuando el bien común lo exija. Llevo esta reflexión a la exitosa operación de rescate por los comandos de Chavín de Huántar: los rehenes fueron liberados del secuestro realizado por los terroristas del MRTA en la Embajada de Japón. Perecieron dos militares y un magistrado secuestrado. Cayeron, también, los terroristas.

Los comandos cumplieron con su deber y les reconocemos el mérito.   Para quienes vivimos esos tiempos de espanto, el rescate significó un espaldarazo a la lucha contra el terrorismo. Las negociaciones fueron inútiles, al punto de llegarse a una acción de esa naturaleza. Siempre he visto con agradecimiento el trabajo de estos comandos que cumplieron cabalmente con su deber en defensa del Estado de Derecho violado por los terroristas una vez y muchas, con el chantaje de terminar con  la vida de los secuestrados. Y, también, sigo con asombro, las continuas faenas judiciales a las que son expuestos, escarbando entre escombros y exhumaciones de cadáveres, pruebas que pongan en evidencia la violación de derechos humanos que los comandos habrían cometido contra algunos o alguno de los terroristas, que se habrían entregado.

Pienso en el actual proceso judicial ante la Corte Interamericana de derechos humanos que pone al Estado peruano en el banquillo de los acusados a fin de determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales.  Las opiniones de los expertos abundan a favor y en contra. Todos estos días la prensa noticiosa da cuenta de peritajes, desmentidos, pronunciamientos, conferencias de prensa, etc.; con lo cual no es tan fácil hacerse una idea del derecho que asiste a unos y otros. A eso se suma el sesgo ideológico que enfervoriza los ánimos y oscurece la verdad de todos los hechos ocurridos aquella tarde del 22 de abril de 1997. Aún tengo vivo el recuerdo de las explosiones que dieron inicio al rescate. Mi oficina quedaba apenas a unas pocas cuadras de la Embajada.

La discusión jurídica continúa. El Estado peruano ejerce su defensa ante las instancias pertinentes y esperamos que lo siga haciendo con diligencia. Ojalá, también, que con estos procesos termine la tortura a la que siguen expuestos los comandos. Ellos tienen un crédito de buena fama a su favor que debe ser respetado, incluso, por quienes impugnan la pulcritud del rescate. El actual proceso judicial en contra de los comandos es “un podría”, aún no demostrado. Delicada labor la de los jueces y, aún más fina, la actividad de la defensa. El honor es  un derecho humano (artículo 2, inc. 7 de la Constitución Política), es el derecho que asiste a los comandos de la operación de Chavín de Huántar. Tienen derecho a una vida tranquila y se han hecho dignos del agradecimiento del pueblo peruano. Respeto para ellos y paz a todos los que perecieron en la operación.

Piura, 4 de mayo de 2012

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