En las últimas semanas, los medios de comunicación nos han dado noticias de diversas protestas sociales en el país cuyo instrumento de presión es la toma de carreteras. Perdida la paciencia, el colectivo que desea hacerse notar toma una carretera. Los resultados los conocemos: caos vehicular, cientos de viajeros atrapados a la intemperie, viajes de negocio o de turismo frustrados, familiares preocupados por sus hijos e hijas varados en la pista, etc. Le he dado muchas vueltas a este lamentable espectáculo en dónde los actores que acaparan la atención son los manifestantes y el Estado: del público tirado en las carreteras nadie se ocupa.

El Estado de Derecho tiene una norma básica de convivencia: todos estamos sujetos a la ley, nadie está por encima de ella. Ese es el gran pacto social que permite la convivencia civilizada de todos los peruanos. Los conflictos sociales, de otro lado, son una realidad, aquí y en todo lugar. Y en el Perú, como en otros países, también existen las reglas y cauces para solucionar los problemas: tomar carreteras no es un medio legal ni legítimo. Es simplemente, un atropello a los derechos de los demás ciudadanos que no tienen arte ni parte en el problema ventilado entre los manifestantes y el vapuleado Estado.

Los huelguistas dirán que es la ineficacia del Estado lo que les lleva a tomar esa medida de fuerza. Con esa manida salida, todos los ciudadanos tendríamos que tomar los pasillos de los locales de jueces, vocales y fiscales cada vez que creemos que han cometido un acto que nos daña. La toma de carreteras no le hace cosquillas a los mecanismos del Estado, a quien perjudica es a la sociedad civil. Es violencia gratuita contra el pasajero que ejercita su derecho constitucional de libre movimiento por el país. Violencia que, además, se agrava cuando las turbas rompen ventanas, amedrentan a los choferes, dañan la propiedad privada. ¿Quién responde por todos estos daños? Nadie, pura impunidad, conseguida gracias a las piedras y la fuerza.

Me preocupa que esta práctica se convierta en deporte nacional: es una acción irresponsable por parte de los que la ejercen y del Estado que la consiente. Es, asimismo, muestra de incapacidad política de unos y otros. Los problemas sociales, en un país civilizado como el nuestro, han de solucionarse con medios políticos y eso supone tener competencias para manejo de conflictos, capacidad de negociación, flexibilidad para no quedar atorados en posiciones intransigentes. Los temperamentos coléricos y apasionados no sirven para negociar. Más consigue el que tiene cintura política y sentido del humor.

La política, lo he comentado en otras ocasiones, es la respuesta a la violencia. No abusemos de la buena voluntad del ciudadano de a pie. No maltratemos al viajero y al comerciante honrado que se gana la vida por estas carreteras de Dios. La violencia, lo sabemos, sólo engendra violencia. Habría que recomendar a los gremios y al Estado que manden a sus líderes a tomar unos buenos cursos de negociación y de legislación: los cauces para llegar a resolver nuestras diferencias existen. Hay que usarlos, aunque sean lentos. Si nos saltamos la ley, esqueleto básico del Estado Constitucional, lo que queda es el desamparo; aquella extraña situación exagerada por Hobbes de todos contra todos, del hombre lobo del hombre. Las carreteras son, pues, bienes públicos de todos los peruanos y nadie tiene derecho de tomarlas –y menos violentamente- para ejercer presiones. Eso es puro egoísmo de grupo.

Piura, 19 de mayo de 2011.

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