Para quienes les resulta familiar la teoría del derecho a la vida privada, recordarán que fue la difusión de las  cámaras fotográficas la que levantó la liebre en la Inglaterra de finales del siglo XIX, pues se veía que, junto con el magnífico adelanto de la fotografía, venía también la posibilidad de invadir los espacios de privacidad. “El derecho a estar solo” o derecho a la intimidad y a la vida privada quedaba así configurado como un derecho humano que protegía la dignidad personal frente a intromisiones ilegítimas de terceros. Desde entonces ha corrido mucha agua y la tecnología de la información ha agudizado sus recursos así como las amenazas a la intimidad. Los paparazzi cuentan con unas cámaras que desafían a las distancias y a los amantes que piensan que sólo tienen al cielo como testigo de sus encuentros. Los graciosos tampoco se quedan atrás con sus sistemas de cámaras ocultas que pillan a los indefensos transeúntes en situaciones incómodas.  Y ni que decir de los sistemas de escucha, capaces de atravesar paredes e interceptar conversaciones telefónicas.

Pero claro, la cámara o el equipo de escucha no funcionan solos. Hace falta el entusiasta que esté detrás del equipo y cuando se trata de uno que lo hace invadiendo ilegítimamente la intimidad de su prójimo, nos encontramos con la figura “non sancta” del voyeur o  mirón. Para muestra ahí está  Alfred  Hitchcock, maestro del cine de suspenso, quien dio vida en 1954 a una de sus mejores películas, “La ventana indiscreta”. El personaje interpretado por  James Stewart, sentado en una silla -con una pierna escayolada y su cámara de largo alcance-, pasa horas mirando desde la ventana de su departamento la vida y milagros sus vecinos. Es la actividad propia de un voyeur que, sin autorización alguna, escudriña -por cuenta y riesgo personal- la  intimidad ajena en sus pequeñas  excelencias y mediocridades, así como en lo que tiene de reprobable al descubrir el crimen que se ha perpetrado en el edificio.

La indiscreción de antaño se ha convertido en el chuponeo malicioso de hoy, triste actividad que destruye la confianza social y corrompe el deber de informar. No hay crimen que haya quedado al descubierto con los audios difundidos de una conversación privada de Lourdes Flores, ni se puede aducir a una información, que aunque mal habida, sería útil para el bien común. Ilícita ha sido la violación de su vida privada e ilícita, también, la difusión pública del audio. Por donde se lo mire, la Constitución política, el código penal, el código civil peruanos o los códigos de ética, no hay forma de justificar estos actos de chuponeo enfermizo, ni tampoco el uso que se pueda hacer de ellos con el sólo propósito de alimentar el morbo de cierta sociedad del espectáculo.

El problema principal no radica en saber dónde están estos equipos para incautarlos y desactivarlos. La máquina no es la culpable. El problema de fondo es otro. Necesitamos activar los resortes morales de quienes están en las empresas informativas, empresarios y  comunicadores. De ellos  esperamos cordura, criterio y madurez suficiente para saber que no se puede jugar con la dignidad humana, ni la de la víctima ni la de su audiencia. El cinismo nunca ha sido buena moneda en la profesión periodística ni el rating lo es todo en la vida.

Piura, 18 de septiembre de 2010.

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